Foto: Agencia

La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz afirmó este lunes que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deben ser desincorporados de manera inmediata.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, Ortega aseguró que en su momento ya había advertido que el proceso de la elección de los integrantes del TSJ, que fue realizada a finales de diciembre de 2015, “estaba mal hecho”, razón por la cual introdujo este lunes formalmente una demanda de nulidad contra la designación de los 13 magistrados y 20 suplentes.

La funcionaria aseguró que, para ese entonces, no firmó el acta de designación de los representantes del máximo tribunal del país ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba “viciado”.

“No fue fácil para mí acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar. (…) Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho. (…) Los magistrados, por la salud del país, deberían ser desincorporados de forma inmediata”, precisó.

A su juicio, el TSJ no ha dado soluciones al pueblo venezolano sino que se ha encargado de “acelerar la crisis”. Asimismo, afirmó que la institucionalidad en el país “se ha perdido”, puesto que ninguna institución “está funcionando”.

La fiscal además manifestó que todas sus acciones “están apegadas al ordenamiento jurídico”, por lo cual asumirá “toda la responsabilidad” que éstas puedan acarrear.

Recordemos que Ortega Díaz acudió este lunes a la sede del TSJ para solicitar una copia de la reciente sentencia emitida por la sala electoral, en la cual se declara inadmisible el recurso que introdujo el Ministerio Público el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente (A), convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Dicho amparo cautelar solicitado por la fiscal declaraba la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso constituyente, bajo la premisa infundada de que el Decreto Presidencial no cumple con los extremos legales.

 ELABRELATA

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