En nuestro país está consagrada una democracia participativa y protagónica; para nosotros eso es un logro histórico inconmensurable; sin embargo, reconocemos que desde la Constituyente de 1999 se generó un conflicto geopolítico de poder cuyo contraste histórico y cultural es muy fuerte y hasta telúrico.

Por otra parte, la Carta Democrática de los DDHH consagra exclusivamente la democracia representativa, y ese contraste paradigmático es el origen teórico político del conflicto, que ha llevado a una contradicción en los términos, cuando consideran que un proceso público, colectivo, en voz alta, de refundación social y republicana con la mayor participación popular en la historia, es antidemocrático.

Arthur Kaufman nos dice que la democracia puede permitirse actores mediocres, pero no puede tolerar que se atente contra la cláusula de las mayorías y los derechos fundamentales, eso diríamos, se traduce en la tolerancia de la intolerancia. La democracia como categoría política está en el centro de una honda contradicción en la actualidad, pues el avance de modelos oligárquicos protagonizados por grandes grupos empresariales, bancos, fondos de pensiones, agencias de calificación de deudas, rentistas y especuladores de todo tipo han conseguido hacerse por vía directa o indirecta con los resortes institucionales básicos de numerosos regímenes políticos.

Si algo caracterizó al régimen político venezolano anterior a 1999, fue lograr un amplio consenso entre los principales actores políticos y sociales –los “factores reales de poder” según Lasalle– en torno a unas “reglas de juego” básicas del orden político, que les permitió contar con el apoyo moral y/o material necesario para no ser derrocados y para poder movilizar con éxito el conjunto de recursos sociales y colectivos requeridos para hacer efectivas sus decisiones.

Chávez irrumpe contra este sistema que aparentaba conciliación, pero que acumuló una deuda social que representaba 67% de pobreza, una clase media depauperada que era 8%, es decir una vergonzosa situación de exclusión, analfabetismo y pobreza pululante y propuso se convocara al pueblo en su forma de Poder Constituyente Originario, para renovar a través de esa potencia innovadora, el Estado, emancipando a los ciudadanos de la miseria económica y de la superstición política.

La ANC es el órgano deliberante, participativo, de expresión de la soberanía popular y temporal, que se reúne con el objeto de hacer un nuevo texto fundamental, ampliarlo y blindarlo, cuyos límites están en el propio artículo 350 constitucional y en las bases comiciales, y que en este momento histórico se convoca además para alcanzar la gobernanza política y con ello la paz.

ELABRELATA / MARÍA ALEJANDRA DÍAZ