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Desde 2008, el negocio en la Faja del Orinoco fue de sobrefacturación del 200% en los servicios prestados por empresas subcontratadas por la gerencia de PDVSA, dirigida por Pedro León. Solo 10 de 14 contratos analizados por el Ministerio Público arrojan la enorme cifra de desfalco por 200 millones de dólares. En un contexto en el que se presume que 41 mil contratos de PDVSA se caracterizaron por la misma modalidad de corrupción que habría hecho perder al Estado venezolano cerca de 35 mil millones de dólares, de acuerdo al fiscal general de la República Tarek William Saab.

El caso del grupo Cuferca del empresario Carlos Urbano Fermín, beneficiado por estos contratos con la empresa mixta con Pdvsa Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, es bastante demostrativo por haberse constituido en estos años como un importante actor económico en Anzoátegui, basado en su presencia en actividades como la construcción, el transporte, la distribución de madera, servicios médicos y prensa. Incluso, bajo la sospecha de tener una seria incidencia en la política de la región, según la hipótesis planteada por el Ministerio Público respecto a la relación de Cuferca con el alcalde de Guanta, Jonathan Marín.

Todo un caso que fue encubierto bajo la gestión de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, quien se presume utilizaba al abogado Parra Saluzzo, también representante de Leopoldo López, como intermediario para que Cuferca continuara sin ser investigada a cambio de dinero, según revelaciones filtradas por La Tabla. Parra Saluzzo, además, se encuentra señalado de ser parte activa de la red de extorsión de Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, a las empresas de la Faja del Orinoco relacionadas a este desfalco a Pdvsa.

Una combinación de corrupción, negocios, política y justicia ubicada en una arteria vital de funcionamiento del Estado como es PDVSA, fuente del 96% de las divisas que la República Bolivariana tiene como base para asegurar los derechos sociales consagrados en su Constitución y el normal funcionamiento de su economía. Una arteria que si se obstruye, afecta directamente el corazón de Venezuela como nación y país productor de política.

La corrupción como forma de paralizar al Estado

En ese sentido, durante las investigaciones preliminares del Ministerio Público en conjunto con la contrainteligencia militar se develaron, además, casos como el de Petrozamora, donde una red de altos gerentes de Pdvsa Occidental tuvieron un destacado papel en actos de corrupción y sabotaje que afectaron la producción de esta empresa mixta conformada con la rusa Rosneft, quien en 2015 presentó esta denuncia ante el Ministerio Público sin que la ex fiscal Ortega Díaz se hiciera eco de ella.

Según el periodista Víctor Hugo Majano, el proceso de sabotaje interno en Pdvsa apuntaba a paralizar los programas de mantenimiento de la empresa para dificultar el arreglo de áreas sensibles para la producción afectada por accidentes. De esta forma, se buscó llevar a un paro técnico a la empresa cuando desde el exterior, además, se le bloquea el acceso a agregados emulsionantes para procesar crudo pesado y semipesado, sensible para el mantenimiento de la producción que disminuyó un 20% de acuerdo a cifras estimadas por la OPEP. Se sospecha que esta baja se debe, en parte, al reseñado proceso de sabotaje a la infraestructura de Pdvsa, de acuerdo a este periodista de investigación.

No son menores estos datos si se tiene en cuenta que contrainteligencia militar sospecha que muchos de estos gerentes recibieron ofertas de Estados Unidos para proteger sus activos robados a cambio de entregar información sensible de PDVSA. Todo esto contextualizado por una Administración Trump que ordenó el cierre de las líneas de crédito contra la empresa para impedir su financiamiento externo destinado al aseguramiento de una producción estable que garantice recursos en medio de la caída de los precios del petróleo.

En ese sentido, las acciones del Ministerio Público apuntan a asegurar que este tipo de modalidades de corrupción afecten la gobernabilidad de PDVSA. A sanear sus estructuras de dirección y funcionamiento para evitar su paralización técnica, que agudice aún más la situación financiera de Venezuela. En un momento en que debe mantener su economía con pagos de deuda por el orden de los 10 mil millones de dólares por año, sin posibilidad de reprogramarlos por las vías convencionales debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El foco de la lucha contra la corrupción: el saneamiento

Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, por otro lado, han sido dirigidas hacia áreas sensibles del Estado venezolano, que buscan ser inducidas a un eventual colapso técnico, acorde a la estrategia de Estados Unidos de llevar al país a una implosión bajo la figura de “crisis humanitaria”. En esta dirección, los dos focos de las investigaciones de Tarek William Saab han sido la principal fuente de divisas del país, es decir PDVSA, y las instituciones que hasta hace poco tiempo estuvieron encargadas de otorgar las mismas divisas: Cadivi-Cencoex.

Sobre estas últimas son bastantes demostrativas las sobrefacturaciones de 130.000% por parte de compañías como Bates Hill, que muchas veces ni siquiera tenían domicilios fiscales en sus declaraciones. De todos estos casos, de más está decir que el 80% de las empresas involucradas en este tipo de delitos fueron sobreseídas por la gestión de Ortega Díaz. Lo que permitió la repetición de este comportamiento por parte de los privados involucrados en graves consecuencias financieras para el país.

Por lo que toma especial importancia la tarea del Ministerio Público para generar las condiciones para sanar dos áreas tan sensibles para la economía venezolana como las administraciones de sus ingresos y sus gastos. Dado que por estas dos vías es por donde se busca estrangular a Venezuela para debilitar sus bases morales, políticas e institucionales que sustancian su integridad como nación. Todo lo que se ve en la dimensión real de la cotidianidad alimentaria y médica del venezolano medio, víctima en última instancia de todo este andamiaje destinado a borrar cualquier tipo de posibilidad de proyectar un país propio.

Un modelo judicial distinto al que destruye naciones

No es un detalle menor que la labor de la Fiscalía esté centrada en destapar dos arterias vitales para asegurar el funcionamiento técnico del Estado venezolano. Casi dos meses después de que la ex fiscal Ortega Díaz apostara a utilizar el monopolio de la acción penal del Ministerio Público para cortar las cabezas de la dirección del país, bajo la excusa de una cruzada contra la corrupción. De tal manera que eso generase un efecto cascada aguas abajo que profundizara el proceso de paralización institucional, iniciado con la conquista de la Asamblea Nacional por parte de la MUD.

Esto dentro de un contexto latinoamericano en el que la justicia en la región, influenciada por el dinero estadounidense, ha apuntado a utilizar los casos de corrupción para desmantelar fuentes claves de ingresos para el Estado. Como es el caso del proceso judicial Lavaderos de Autos (Lava Jato) de Brasil, que al día de hoy tiene a la principal compañía energética del país, Petrobras, enormemente mermada en su capacidad y sin acceso exclusivo a la Cumbre Pre Sal, rica en crudo, por una ley que la privatizó basándose en el escándalo de corrupción de la empresa.

Muchos son los ejemplos en la región, además, en que la lucha contra la corrupción es utilizada para posibilitar la puesta en marcha de políticas que desmantelan áreas estratégicas bajo control del Estado. En vez de posibilitar procesos focalizados que vayan en pos de hacer más eficiente el funcionamiento de zonas sensibles, como los servicios y las obras públicas, hoy convertidas en fuentes de descontento de la población, a partir de agresivas campañas de comunicación dirigidas a desviar toda la culpa a la gestión pública de turno.

Por esto el modelo de justicia planteado por el Ministerio Público se muestra como un ejemplo a seguir en un momento en el que la gestión pública de Venezuela se encuentra centrada en defender al Estado de su destrucción. Bajo ese objetivo se hacen necesarias formas de gobierno de instituciones flexibles y eficaces, por fuera de los esquemas tradicionales, que involucren a la población en el acompañamiento de estas políticas. Excepcionales y audaces en el momento de mayor asedio de la historia republicana de Venezuela.

ELABRELATA / MISIÓN VERDAD